Ciudad Altamira, Tamps.- Lo que comenzó como una supuesta protesta pacífica dentro del Centro de Estudios Tecnológicos Industriales y de Servicios (CETis) No. 78 en Altamira, derivó en un estallido de violencia y vandalismo contra el director del plantel, Julio César Barrón Morales. Testimonios y registros en redes sociales muestran cómo un grupo de estudiantes, presuntamente incitados por dos docentes con parentesco entre sí, agredió físicamente al directivo y causó daños materiales a instalaciones educativas, consideradas patrimonio federal.
Algunos padres de familia señalan que los jóvenes fueron manipulados para confrontar al director, luego de que éste se negara a ceder a presuntas exigencias administrativas. Otros, sin embargo, aseguran que las protestas habrían surgido a raíz de señalamientos por acoso contra el directivo, aunque hasta el momento no existen pruebas contundentes que sustenten tales acusaciones.
POSTURA DE ACTIVISTAS Y DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS
El activista social Fredy Antonio Torres Mar, de la Asociación Civil Gestores Productivos Comunitarios, denunció mediante un video la gravedad de los hechos: “lo que hicieron los jóvenes fue un acto vandálico, un delito de lesiones y daños al patrimonio de una institución pública. Nadie tiene derecho de hacer justicia por propia mano. Estos actos deben ser investigados por la Fiscalía Especializada en Delitos cometidos por Adolescentes”.
Torres subrayó que los hechos revelan no sólo una descomposición social, sino también la falta de respuesta efectiva de las autoridades educativas y judiciales para atender de raíz las denuncias y conflictos.
En paralelo, fuentes de la Guardia Estatal confirmaron la existencia de dos presuntas carpetas de investigación abiertas contra el director por supuesta violación, motivo por el cual la intervención policial buscó preservar su integridad física.
Por su parte, la abogada y activista social Xóchitl Rangel sostuvo que, al tratarse de un plantel de competencia federal bajo la DGETI, “los hechos encuadran en la Ley Penal Federal por daño al patrimonio, con posible intervención de la Fiscalía General de la República”. Incluso señaló que, conforme al artículo 164 del Código Penal Federal, el caso podría tipificarse bajo la figura de crimen organizado si se acredita una estructura colectiva para agredir a una persona y a los bienes del Estado.
El doctor en derechos humanos Habacuc Garduño añadió que la investigación no sólo debe recaer sobre los menores partícipes en el vandalismo, sino también sobre los catedráticos y padres que permitieron o alentaron las agresiones.
POSTURA DEL COMISIONADO DE LA DGETI
La Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios (DGETI) en Tamaulipas condenó enérgicamente los hechos. El comisionado estatal, ingeniero Olegario Muñiz Cura, lamentó la agresión y reafirmó que “la violencia en cualquiera de sus formas es inaceptable y no refleja el espíritu de la comunidad educativa”.
Muñiz Cura reiteró el compromiso institucional de fomentar el diálogo, la cooperación y el respeto como pilares de la vida escolar, al tiempo que se exigirá la aplicación de sanciones conforme a la ley.
MARCO NORMATIVO APLICABLE AL HECHO
Los hechos ocurridos en el CETis 78 se enmarcan en diversas disposiciones legales: Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de Tamaulipas: establece que los menores de edad que incurran en conductas tipificadas como delitos deberán ser investigados y, en su caso, sujetos a medidas de sanción o reinserción social, privilegiando siempre el interés superior del adolescente.
Mientras que el Código Penal del Estado de Tamaulipas sanciona las conductas de lesiones, daños a propiedad ajena y motín, mismas que podrían aplicarse a los hechos registrados.
Por otra parte, el Código Penal Federal: en su artículo 164, prevé sanciones por asociación delictuosa o crimen organizado, aplicable cuando más de dos personas se organizan con fines de delinquir en perjuicio de instituciones federales o sus representantes.
En este sentido, como señala Torres Mar, la conjunción de leyes locales y federales obliga a que tanto la Fiscalía Especializada en Adolescentes como la Fiscalía General de la República investiguen los hechos, deslindando responsabilidades entre estudiantes, presuntos docentes instigadores y demás actores involucrados.
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