Con otros de sus colegas, fue “cliente” de la mañanera de López Obrador por sospecha de centavero, al liberar a presuntos delincuentes a cambio de…
El Juez de Control federal, José Luis Hernández Hernández, sigue acumulando denuncias, ahora por liberar a cuatro individuos capturados por la Guardia Estatal Tamaulipas cuando circulaban en un vehículo por calles de esta capital, armados hasta los dientes.
Les echó el guante la GE, turnó a la FGR y esta al Juez que no les halló delito ¿se embolsó algo? Nunca lo sabremos.
Es algo que molesta, hiere a la ciudadanía que quiere que el racero de la justicia sea parejo. Todos coludos o todos rabones, como dice la voz popular.
Desde la conferencia madrugadora de AMLO, el Subsecretario de Seguridad Pública, Luis Rodríguez Bucio, exhibió al juzgador por liberar a dos acusados en el sonado caso de la mina El Pinabete, en Coahuila. Casualmente se trataba de los dueños de la empresa.
Según el dato, Don José Luis acumulaba hasta entonces 80 resoluciones contrarias a solicitudes del Ministerio Público. Con la de esta semana suman 81, si es que no más.
Acumula una acusación penal y dos denuncias ante el Consejo de la Judicatura, pero nunca fue llamado a cuentas.
Así no se puede. Con razón la 4T y López Obrador lucharon por renovar el Poder Judicial. Regresan a la calle a delincuentes confirmados a que sigan haciendo de las suyas.
Los cuerpos preventivos de policía detienen a los bandidos in fraganti. En un cuento de nunca acabar, los jueces los dejan en libertad.
El señor Hernández tiene el antecedente que fue uno de los cuatro que pidieron amparo, según expediente 2329/2018, en contra de Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, para ganar más que el Presidente de la República. Así la cuerdita.
En otra ocasión fue mencionado en la mañanera por liberar “en menos de 24 horas” a un miembro de la Fuerza Antiunión Tepito, de la ciudad de México.
Son los asuntos más sonados.
Cursó la carrera de Derecho en la Universidad de Coahuila, de donde debe ser originario. Se adjudica maestría y doctorado en lo mismo por el Instituto de Estudios Judiciales.
Trabajó en el Instituto Electoral Federal, en Coahuila, hasta que le encontró la manera en el PJF.
Según su currículum, es juez de distrito desde 2016. Lo fue en Saltillo y en Torreón, ahora en ciudad Victoria en el Sistema Penal Acusatorio, donde se aventó el chistecito.
Y la Sala Superior del TRIFE confirmó este jueves sentencia en contra de la senadora Maki Ortiz Domínguez, expediente SUP-REP-15/2025 por aprovecharse de la figura de Claudia Sheinbaum para generarle votos al Partido Verde.
Es responsable de “vulneración a las reglas de propaganda electoral y beneficio indebido por parte de la recurrente, con motivo de su participación en un evento sindical y diversas publicaciones en su red social facebook”, dice la sentencia.
Una mancha más a la piel de la tigrilla.
Lo malo: El castigo es una cachetada de diez mil pesillos, que es como quitarle un pelillo a un gato.
Ortiz es una vieja conocida en los tribunales y Catálogos de Sujetos Sancionados por violentar la Ley. En septiembre del 2018 el IETAM la “castigó” con el pago de 40 mil pesillos, según expediente CG-26/2018.
¿Por qué faltas? Coacción al voto en la campaña de ese año, en la modalidad de “entrega de beneficios a la ciudadanía consistente en rifa de tinacos, edredones y consultas médicas en un evento proselitista”, en que buscaba la reelección.
La compra de votos en todo su apogeo. Está acostumbrada a arreglar muchas cosas a billetazos, aunque luego tenga que lamentarse.
En junio del 2018 acumuló los expedientes PSE-21/2018 y PSE-28/2018, por asistir en horario laboral de presidenta de Reynosa, a un evento del entonces candidato a la Presidencia de México, Ricardo Anaya Cortés, abanderado del PAN y PRI. Era militante azul, y más tarde brincó a Morena y Verde.
Alcanzó “almanaque” (a los clientes distinguidos) cuando en el 2022, utilizó toda la cadena impugnativa para combatir la designación del doctor Américo Villarreal como candidato a Gobernador, comenzando en la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena.
No era militante de los coaligados, pero quería arrebatar la candidatura. Perdió todo.
Bueno, una mancha más a la piel de la tigrilla pasa desapercibida. Aun así, sin posibilidad de éxito, está lista para aspirar a la candidatura del Verde al gobierno estatal en 2028, si es que no van en alianza con Morena.
Viernes de sesión del Instituto Electoral. Rendirán protesta los consejeros distritales y municipales que organizarán el proceso judicial.
Por cierto, una modalidad de la jornada es que los candidatos a jueces y magistrados no tienen obligación de renunciar a cargos administrativos o de elección. Si quieren dedicarle más tiempo a la campaña, lo harán.
Se nos hace que hay una laguna que en su tiempo deberá corregirse.