Cd.Victoria,Tamaulipas.-La corrupción municipal en Tamaulipas continúa siendo una de las principales causas del hartazgo ciudadano, y ante ello, la comisionada Política Nacional de Asuntos Electorales del Partido del Trabajo (PT), Cendy Robles, lanzó un mensaje contundente: los funcionarios que hayan robado o abusado del poder deben ser investigados y castigados, sin importar el partido o el cargo que ocupen.
Robles expresó su respaldo total a la implementación del operativo Enjambre, al considerar que el estado ya no puede seguir tolerando gobiernos locales señalados por irregularidades, impunidad y falta de transparencia.
“Tamaulipas no puede seguir tapando el sol con un dedo”, declaró, celebrando además la llegada del nuevo fiscal anticorrupción y subrayando que cualquier abuso en el manejo de recursos públicos debe ser sancionado conforme a la ley.
“El que nada debe, nada teme. Si hay funcionarios con cuentas pendientes, que se investigue y que se castigue a quien se tenga que castigar”, afirmó.
Municipios bajo la lupa
La dirigente petista señaló que este tipo de operativos deben enfocarse especialmente en los municipios con mayores denuncias ciudadanas y altos índices de inseguridad, donde los problemas sociales se han agravado por la falta de respuesta institucional.
Uno de los casos más urgentes, dijo, es el de Reynosa, ciudad que enfrenta desde hace años una crisis marcada por desapariciones y violencia, dejando a miles de familias en incertidumbre.
Robles insistió en que la lucha contra la corrupción no puede ser selectiva ni utilizada como discurso político, sino como una obligación real del Estado.
Rendición de cuentas sin excepciones
Finalmente, subrayó que el llamado debe ser parejo y alcanzar a todos los niveles de gobierno:
- Alcaldes
- Diputados
- Regidores
- Funcionarios públicos
Todos, dijo, tienen la obligación de dar la cara y explicar con claridad el destino del dinero del pueblo.
En un Tamaulipas golpeado por la desconfianza y el desgaste institucional, la exigencia es clara: los alcaldes corruptos no deben seguir protegidos por el fuero político ni por pactos de impunidad; deben enfrentar la justicia.
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