Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Una resolución interna del Órgano de Administración Judicial encendió los focos rojos en el Poder Judicial de Tamaulipas: la jueza oral Mónica Iliana Pérez Chapa fue removida de su cargo luego de imponer una polémica multa por 1 millón 249 mil pesos a una abogada, sanción que posteriormente fue tumbada mediante un amparo federal.
La medida, aunque no fue anunciada con nombre público, se confirmó tras la notificación enviada por el Poder Judicial Federal a Finanzas del Estado, lo que permitió deducir la identidad de la funcionaria. De acuerdo con fuentes internas, Pérez Chapa fue reasignada durante dos meses al sistema tradicional, en lo que se calificó como una medida “administrativa temporal”.
Sin embargo, la abogada afectada, Aglaeth Yesenia González Cruz, aseguró que la sanción exhibe un problema más profundo: fallas en la preparación técnica de quienes hoy ocupan cargos judiciales.
“Si esto me pasó a mí, que soy profesionista del derecho, imagínense lo que puede pasarle a cualquier persona. La jueza no conocía el desarrollo de las audiencias ni las etapas del proceso”, denunció.
Un proceso lleno de irregularidades
La litigante relató que todo comenzó el 4 de noviembre, durante una audiencia donde defendía a un ex servidor público acusado de delitos de alto impacto. Dijo que la jueza no individualizó a las partes, perdió el hilo procesal y mostró desconocimiento sobre la conducción técnica de la audiencia.
La situación se repitió el 13 de noviembre, cuando la audiencia continuó y, según González, la jueza olvidó en qué punto habían quedado. Tras solicitar formalmente su sustitución por un juez con conocimientos técnico–jurídicos, Pérez Chapa reaccionó imponiendo la multa equivalente a cinco mil días de salario mínimo.
González promovió un juicio de amparo, alegando violaciones al debido proceso y a su ejercicio profesional, obteniendo la protección federal.
No es el único caso
La abogada señaló que otros litigantes también han sido multados de manera irregular por la misma jueza. Entre ellos:
El abogado Luis Eduardo Dávila Domínguez, con una multa de 836 mil pesos por cuestionar un protocolo de vinculación a proceso.
Un ex servidor público cuyo caso habría sido desestimado sin valorar adecuadamente su defensa.
La CONCAAM respaldó públicamente a González y llamó a revisar la preparación de quienes ocupan cargos en el nuevo sistema penal acusatorio, especialmente en el contexto de la reciente elección de jueces y magistrados.
El Poder Judicial responde
El Órgano de Administración Judicial señaló que la remoción busca “garantizar que el sistema penal acusatorio opere conforme a las facultades legales”, aunque no ha notificado oficialmente a la abogada que denunció los hechos.
La controversia abre un debate sobre la capacitación, independencia y control interno de los operadores judiciales en Tamaulipas.
La RegiónTamaulipas, fundada desde 2004 con sede en Ciudad Victoria, Tamps.