Villa de Álvarez, Colima – 7 de junio de 2025.-Un hecho indignante ocurrió en la Unidad de Medicina Familiar del IMSS en Villa de Álvarez, Colima, donde un derechohabiente fue sometido violentamente por al menos cuatro elementos de seguridad privada tras exigir el suministro de sus medicamentos. El hombre, cuya identidad no ha sido revelada, sufrió una convulsión durante el altercado.
De acuerdo con testigos presenciales, el paciente había acudido a reclamar por la falta de entrega de medicamentos prescritos, cuando comenzó a discutir con personal administrativo. Minutos después, guardias del lugar intervinieron con fuerza desproporcionada, tirándolo al piso y sujetándolo con los brazos en la espalda.
En un video que ya circula en redes sociales con la etiqueta #Comparte, se observa al hombre visiblemente alterado y rodeado por los elementos de seguridad mientras grita que solo quiere sus medicinas. Pocos segundos después, su cuerpo entra en rigidez y comienza a convulsionar sin recibir atención médica inmediata.

Indignación y silencio oficial
El caso ha desatado una ola de indignación en redes sociales, donde miles de usuarios acusan al IMSS de maltrato institucional y negligencia. Hasta el momento, la delegación estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social no ha emitido una postura oficial.
Organizaciones de derechos humanos en Colima ya se han pronunciado para exigir una investigación inmediata, argumentando que el uso excesivo de la fuerza y la omisión de primeros auxilios constituyen posibles violaciones a los derechos de los pacientes.
“Nadie debe ser tratado como delincuente por reclamar atención médica. Lo ocurrido en Colima es una muestra del deterioro en la atención pública y la falta de protocolos adecuados en casos de crisis”, señaló vía comunicado la Red de Usuarios del IMSS.
¿Qué pasa con el abasto?
El IMSS enfrenta desde hace meses quejas constantes por desabasto de medicamentos en todo el país, particularmente en enfermedades crónicas y tratamientos especializados. En muchos casos, pacientes deben regresar varias veces o comprar con su propio dinero los fármacos no surtidos.
Este caso revive la conversación urgente sobre cómo se trata a los derechohabientes dentro del sistema de salud pública y hasta dónde se ha normalizado la violencia institucional.
















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