¿Cederá el TEPJF ante morena?

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  La atención de la opinión pública estará en la decisión que tomen hoy los integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que preside el magistrado Felipe Fuentes Barrera, en torno a la impugnación presentada en contra del consejo general del Instituto Nacional Electoral (INE) por eliminar las candidaturas de Morena a Félix Salgado Macedonio y a Raúl Morón Orozco a las gubernaturas de Guerrero y Michoacán, respectivamente, luego de que no entregaron sus reportes de gastos de precampaña.

          Los seguidores de Salgado Macedonio y de Morón Orozco comenzaron sus protestas en las instalaciones del INE en la Ciudad de México, entre los que se encontraba el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, pero luego se trasladaron a la sede del TEPJF, también en la Ciudad de México, para exigir que les fueran restituidas las candidaturas.

          Incluso, reapareció el experto en protestas de Morena, Armando Monter Jacinto, quien cobró fama luego de protagonizar un plantón por varios meses ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el 2019.

          Se espera que los integrantes del TEPJF apliquen el artículo 229, fracción tercera, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), que dice textualmente: “Si un precandidato incumple la obligación de entregar su informe de ingresos y gastos de precampaña, dentro del plazo establecido, no podrá ser registrado legalmente como candidato”.

          Y aunque los morenistas juran y perjuran que no realizaron precampañas, nadie se cree este cuento porque todas y todos las y los aspirantes a ser nominados se reunieron con los distintos grupos adheridos al partido político creado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

          Por ejemplo, aquí en Ciudad Victoria los aspirantes a la candidatura de Morena a la alcaldía local, es decir Eduardo Gattás Báez, Ismael “El Rocket” Valdez Álvarez, Roque Hernández Cardona, Luis Torre Aliyán y Enrique Yáñez Pérez, celebraron diversas reuniones con simpatizantes y militantes morenistas, es decir, realizaron actividades de precampaña.

          De igual forma, tanto Salgado Macedonio en Guerrero como Morón Orozco en Michoacán, se reunieron con grupos de morenistas para lograr la nominación, cuyas actividades forzosamente causaron gastos, por lo que debieron de cumplir con las leyes electorales para conservar sus candidaturas.

          A propósito, la Unidad Técnica de Fiscalización del INE ordenó también que se eliminara la nominación a José Jazel Rodríguez Acosta, quien era candidato del partido Fuerza por México (FPM) a la diputación federal del IV distrito electoral de Tamaulipas, con cabecera en Matamoros, precisamente por no presentar los gastos de precampaña en tiempo y forma.

          La dirigente estatal de FPM, Yadira Cepeda Sosa, reconoció que Rodríguez Acosta no cumplió con este requisito, por lo que además de avalar la decisión del INE para dejarlo fuera de la contienda electoral, le pidió su renuncia para no tener gentes que ignoran las leyes electorales y los acuerdos partidistas.

          Cepeda Sosa podría convocar al suplente de Rodríguez Acosta, es decir a Carlos Felipe Guerrero Rodríguez, a fin de que asuma la candidatura de FPM a la diputación federal del IV distrito electoral con cabecera en Matamoros.

          De regreso a la decisión que asuma hoy el TEPJF en torno a la impugnación presentada por Morena, no hay duda de tanto Salgado Macedonio como Morón Orozco violaron flagrantemente el artículo 229, fracción tercera de la LGIPE, por lo que las y los integrantes del TEPJF no deberían de restituirles las candidaturas a las gubernaturas de Guerrero y Michoacán, respectivamente.

          Sin embargo, las presiones ejercidas desde las mañaneras por López Obrador y las protestas de los morenistas, podrían hacerlos sucumbir porque existen claras evidencias de podrían ser víctimas del ostracismo por cumplir con la ley, como le sucedió a la magistrada Janine Otálora Malassis, cuando fungió como presidenta del TEPJF luego de avalar la elección de Martha Erika Alonso Hidalgo (QEPD) como gobernadora de Puebla en el 2018.

          La magistrada Otálora Malassis se vio obligada a renunciar por no cumplir con el capricho presidencial de convertir en gobernador a Luis Miguel Barbosa Huerta en el 2018, incluso ni siquiera tuvo la decencia de respetar el duelo que causó la trágica muerte de la gobernadora Alonso Hidalgo, así como la de su marido el entonces senador Rafael Moreno-Valle Rosas, además de la tripulación del helicóptero y de un asistente.

          Luego se organizó una elección extraordinaria en junio del 2019, en donde Barbosa Huerta tuvo todo el apoyo de López Obrador para ganar y convertirse por fin en gobernador de Puebla.

          Todavía hoy muchos recuerdan, cuando Barbosa Huerta dijo que: “Dios castigo con la muerte a quienes le habían robado la elección”, en clara referencia de los esposos Moreno-Valle (QEPD).

          En fin, se espera que no se olvide este negro episodio en la historia reciente del TEPJF para que renazca la confianza de la sociedad mexicana en sus decisiones conforme a derecho y no se dejen intimidar ni mucho menos amedrentar por más plantones, marchas y descalificaciones por parte de los morenistas, incluso de aquellas que procedan de las conferencias mañaneras.

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