Relucen trapitos de calderón

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Los regímenes “emanados de la Revolución”, autodenominación de los emergentes de la pridictadura, forjaron la sentencia “La corrupción no se documenta”, la que a su vez engendró a la impunidad.  En 1982 devinieron en el periodo neoliberal liderado por carlos salinas de gortari, quien convirtió en sus patiños a los panistas luis h. álvarez y carlos castillo peraza. Para esa tarea usó a diego fernández de cevallos.

Confiados en dichas pústulas y encabezados por su líder salinas, de 1982 a julio del 18 los oligarcas proxenetas de la política y sus adláteres panistas –éstos durante 12 años– se dedicaron al saqueo del erario y la entrega del territorio y las riquezas nacionales.

Los dos regímenes panistas no interrumpieron la secuencia de los virreynatos de la pridictadura, pues fueron subordinados  de la oligarquía, la que a partir de  1982 controlaba el perverso salinas de gortari, quien consciente del desprecio popular al PRI, avizoró la derrota electoral de éste en el año 2000, y en 2006 contribuyó al fraude electoral para entronizar a felipe calderón, del que paso a paso se exhibe corrupción sin paralelo al lado de genaro garcía luna.

El último trapito de ese sujeto de nombre —felipe de Jesús— que resultó sarcasmo, expuesto al sol por el presidente AMLO en “la mañanera”, son ocho contratos firmados con empresas proveedoras de servicios a “centros federales” –de reclusión– construidos ex profeso en siete estados: Sonora, Guanajuato(dos), Oaxaca, Durango, Chiapas, Morelos (femenil) y Michoacán.

Fueron suscritos en nombre del gobierno federal –calderón– y su Secretario de Seguridad Federal –garcía– por funcionarios de la Coordinación General de Centros Federales: Gonzalo Villarreal Guerra, titular; Arturo Sosa Viderique, director general,  y Marco Antonio Villarreal Gutiérrez (pariente del primero), nada menos que director de adquisiciones. Gonzalo era hermano de Américo Villarreal Guerra, quien fuera funcionario de la desaparecida Secretaría de Recursos Hidráulicos, senador y gobernador (de Tamaulipas) priísta.

Se dio la casualidad de que siete de esos contratos fueron firmados simultáneamente el 27 de diciembre 2010, y el 18 de marzo de 2011 el de Oaxaca. Falta saber cuándo empezaron a operar dichas empresas y los nombres de sus propietarios, pues AMLO se los reservó.

Los proveedores originales fueron Pápagos Servicios para la Infraestructura (Sonora), Sarre Infraestructura y Servicios y Operadora de Infraestructura Especializada de Guanajuato (dos en Guanajuato), Desarrolladora y Operadora de Infraestructura de Oaxaca SAPI (Oaxaca), DIP Concesionaria Duranguense de Infraestructura Penitenciaria (Durango), Makobil (Chiapas), CRS Morelos (Femenil de Morelos), y Concesionaria en Infraestructura Penitenciaria de Michoacán (Michoacàn).

Los contratos de los centros de Sonora y de Guanajuato (uno) fueron vendidos a Exi Quantium, el de Oaxaca a GIASA, los de Chiapas y Morelos a Capital Inbursa, empresas vinculadas a Carlos Slim, y el otro, de Guanajuato, nada menos que a Black Rock.

Por el conjunto de esos contratos, con vigencia durante 20 años, el gobierno federal se comprometió a pagar 266 mil 300 millones 5554 mil 847 pesos a dichas empresas. En los últimos nueve años se pagaron 75 mil 661 millones 735 mil 763 pesos y se suspendió el pago de lo restante: 190 mil 638 millones 819 mil 84 pesos, hasta que las empresas titulares acepten renegociar esos contratos, o se resuelva el litigio a emprender en caso contrario.

Dichos convenios fueron parte de la privatización de los servicios al sistema carcelario nacional, por lo que en particular la dirección de Prevención y Readaptación Social, responsable del manejo del resto de las prisiones del país, en el año 2020 pagó a las citadas empresas 15 mil 562millones 904 mil 661 pesos, es decir –subrayó el Presidente— casi 50 por ciento de lo invertido hasta hoy en vacunas anti covid-19.

Evidencia de lo leonino de esos contratos es que el gasto diario por confinado es de 2 mil 558 en Sonora, 2 mil 627 en Guanajuato, 3 mil 296 en Oaxaca, 2 mil 867 en Durango, 4 mil 243 en Chiapas, 6 mil 411 en Morelos, 5 mil 69 en Michoacán y 3 mil 482 en Coahuila, de cuyo centro federal no se dieron más datos.

Esos costos significan que en los centros federales a los confinados se les da vida de reyes, como en hoteles de los más costosos “resort”, lo que está por averiguarse lo mismo que los nombres de los “afortunados” propietarios de las empresas proveedoras y época de la creación de éstas.

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