A unos días de que se produzca el anuncio del plan nacional contra la delincuencia, que pondrá en marcha el nuevo gobierno federal de MORENA, el siniestro rostro de la violencia se asomó en la sede del Congreso de la Unión.
Se estaba celebrando la reunión plenaria de la cámara de diputados, cuando una legisladora de Veracruz, doctora de profesión, recibió por teléfono la noticia del asesinato de su hija de 22 años de edad, en el interior de un gimnasio.
La representante popular sufrió un ataque de histeria y sus compañeros cercanos corrieron a auxiliarla a su curul, pidiendo a gritos la presencia de médicos comisionados en el recinto.
La sesión plenaria fue suspendida entre exclamaciones de furia e impotencia de los diputados federales, conmovidos por la tragedia que envuelve a su compañera y que ellos compartieron por su cercanía.
La muchacha se llamaba Valeria y era estudiante universitaria. Un sicario entró al gimnasio de Ciudad Guzmán donde ella se ejercitaba, y le disparó hasta en nueve ocasiones, logrando asestarle algunos proyectiles de plomo en el cuerpo.
El Senado, que también estaba sesionando, tuvo igual, un acceso de shock al conocer la noticia de la ejecución de la hija de la diputada federal de MORENA y abrió un receso para emitir una condolencia y la expresión dolida de su solidaridad.
Por supuesto, los miembros de las dos cámaras del Congreso de la Unión, de todos los partidos, hicieron un enérgico reclamo al gobierno federal, para que ordene una investigación que identifique sin demoras, a los autores del brutal homicidio y los capture.
El senador Alfonso Durazo Montaño iba a recibir ayer licencia para separarse del cargo y asumir en diciembre la Secretaría de Seguridad Pública, con la encomienda del Presidente electo Andrés Manuel López Obrador, de restaurar la paz y la tranquilidad en el país.
La ejecución de Valeria sacudió las fibras más sensibles de los cuerpos colegiados legislativos, y los movió a exigir al gobierno federal una revisión de sus estrategias contra los infractores de la ley, ante su evidente fracaso.
En la sesión anterior, el senador tamaulipeco Américo Villarreal Anaya presentó un punto de acuerdo con un exhorto dirigido a la Comisión Nacional de Seguridad, para que se frene la extorsión telefónica que se practica desde los centros penitenciarios, con la complicidad de los funcionarios.
Agregó el legislador victorense, que son casi cuatro millones de llamadas telefónicas con intenciones de chantaje los que se realizan cada año desde los penales, lo que da una idea de la magnitud del problema y de la colusión de los funcionarios del ramo.
El médico Villarreal Anaya pidió en su exhorto, dos cosas: que se instaure un programa que reduzca la introducción de equipos de tele-comunicación a los centros penitenciarios, y que vigile el funcionamiento de los aparatos bloqueadores de señal.
Los teléfonos celulares en poder de reclusos hacen un promedio de 40 mil llamadas por semana, hacia todos los destinos del país, exigiendo el pago de rescate por supuestos o reales secuestros de personas.
El punto de acuerdo es de la autoría de Ricardo Monreal Avila, y Américo puso énfasis en la importancia de que la Comisión Nacional de Seguridad la acate, pues son cientos de miles de familias mexicanas las que sufren este asedio, por culpa de la corrupción de autoridades penitenciarias.
Sobre el mismo tema pero en Tampico, el presidente municipal Jesús Nader reforzó la vigilancia en el centro históricos y centros recreativos, atendiendo el pedido de la ciudadanía y del comercio organizado.
La primera autoridad del puerto jaibo entregó bicicletas, cascos y equipo de seguridad personal a policías estatales e incorporó a 14 guardias privados que pagará el Ayuntamiento, para que colaboren en esta vigilancia.
En el evento estuvieron presentes representantes de la delegación regional de seguridad pública así como del comercio organizado, donde Chucho Nader ofreció seguir apoyando los esfuerzos del gobierno estatal y la sociedad, por conseguir un mejor entorno de convivencia.
Desafortunadamente, el sector comercial del sur del Estado no confía en las autoridades estatales de acuerdo a la denuncia presentada como nota principal del periódico Milenio del miércoles 7.
Los quejosos denuncian su temor de presentar denuncias ante la representación local de la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas, porque saben que su información personal es proporcionada por los funcionarios a los delincuentes.
Esta desconfianza y miedo es producto de experiencias sufridas en esa dependencia, según lo relatan los comerciantes entrevistados por ese periódico.
En asuntos políticos, los diputados locales del PAN tuvieron ayer un entretenido ejercicio de auto-complacencias pues hicieron un informe de actividades pero para consumo interno pues no tuvieron invitados.
Glafiro Salinas Mendiola encabezó esta hoguera de las vanidades que por cierto, estuvo severamente vigilado hasta por guardias vestidos de civil en el interior del inmueble. Los panistas se felicitaron mutuamente por ser tan bonitos representantes populares.
Otro miembro de esa pandilla pero con investidura de presidente municipal de Nuevo Laredo, Enrique Rivas Cuéllar se fue a la ciudad de México a grillar en su proyecto de ser candidato a Gobernador, pero con el pretexto de gestionar recursos especiales en el presupuesto federal 2019.
Rivas Cuéllar, reputado como inepto, corrupto, traidor y cobarde, se hizo retratar con diputados federales para justificar el gasto de su viaje a la Ciudad de México. El mismo empieza a creerse la patraña de que puede jugar en la sucesión de Cabeza de Vaca.
Al cierre de esta columna estaban recogiendo votos de estudiantes y docentes de la facultad de derecho y ciencias sociales de la UAT, campus Victoria, para elegir a Armando Villarreal Mendoza como nuevo director del plantel.
Los detentadores del grupo que maneja a la escuela repitieron el truco de hace cuatro años, de negar el registro de candidatos incómodos e hicieron elegir a uno de los suyos.
Fernando Quintanilla de la Fuente, el candidato de las mayorías, y Kenia Garza Reyna, fueron rechazados como candidatos, con diferentes pretextos. Otra aspirante, Taydé Garza Guerra, mereció aprobación, pero la dama fue digna pues rechazó participar, en señal de repudio a la maniobra discriminatoria.
Reynosa volvió a ser sacudida por la violencia, otra vez por el rumbo de la Universidad Tecnológica. Eventos escolares que se celebrarían en el Centro Cultural Tamaulipas, frente a la UTT, fueron cancelados, por falta de seguridad.
Persecuciones, balaceras, poncha-llantas, robo de vehículos con violencia, la misma rutina de los delincuentes, desquiciaron la actividad cotidiana de muchas colonias.
Cumplieron años el periodista de Valle Hermoso Juan Antonio Espinoza y el abogado, empresario restaurantero y ex jefe policiaco de Nuevo Laredo Sergio Sandoval Michel. Dante Singlaterri está otra vez de fiesta, pero ahora por los 17 años de su hijo del mismo nombre.
En tanto que Jorge Alberto Pérez González se divierte con su cachorro, orgullo de su nepotismo, en Washington, D. C.
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