Al considerar que consagraría la función de las fuerzas armadas en la aplicación de la ley en momentos en que se requeriría una fuerza de policía más fuerte.

AGENCIAS.

CIUDAD DE MÉXICO.-Hace dos años las autoridades mexicanas comunicaron al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) su compromiso por sustituir gradualmente a los efectivos militares movilizados por fuerzas de policía robustas y mejor preparadas, tanto en el plano federal como el estatal, sin embargo, Zeid Ra’ad Al Hussein advierte que en la Ley de Seguridad Interior, no contiene a detalle  “una estrategia de salida gradual para poner fin al uso de las fuerzas armadas en tareas de policía”.

En un pronunciamiento fechado en Ginebra, Suiza, el Alto Comisionado Zeid Ra’ad Al Hussein reconoció que México se “enfrenta a un enorme problema en materia de seguridad, habida cuenta de la violencia y el temor que causan poderosas bandas de delincuencia organizada”.

Abunda que más de una década después de que las fuerzas armadas fueran desplegadas en la llamada guerra contra las drogas, la violencia no ha disminuido y tanto agentes estatales como no estatales siguen perpetrando abusos y violaciones de derechos humanos, incluidas torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas”.

Zeid realizó una visita a México en 2015, donde las autoridades informaron que el despliegue inicial de las fuerzas armadas había sido inevitable, debido a la debilidad de algunos cuerpos policiales, y le aseguraron que estaban comprometidas a sustituir gradualmente a los efectivos militares movilizados por fuerzas de policía robustas y mejor preparadas, tanto en el plano federal como el estatal.

“La aprobación de un nuevo marco legal para regular las operaciones de las fuerzas armadas en labores de seguridad ciudadana no es la respuesta adecuada. El actual proyecto legislativo podría debilitar los alicientes que tienen las autoridades civiles para asumir plenamente sus funciones como agentes encargados de hacer cumplir la ley”, señaló el Alto Comisionado.

Zeid Ra’ad Al Hussein dijo que más de 10 años después de que fuerzas armadas se desplegaran en la llamada guerra contra la droga, “la violencia en México no ha disminuido y tanto agentes estatales como no estatales siguen perpetrando violaciones y vulneraciones de derechos humanos, incluso torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas”.

Refirió que el proyecto de la ley aprobado por la Cámara de Diputados y que se encuentra ya en el Senado de la República, contiene para Zeid Ra’ad Al Hussein varios elementos inquietantes, entre otros el hecho de que, en determinadas circunstancias, las autoridades civiles podrían colocarse bajo el mando de las fuerzas armadas.

Asimismo, preocupa que “la autorización para asignar a las fuerzas armadas la ejecución de tareas policiales no va acompañada de los controles y la supervisión apropiados. Además, la legislación carece de las garantías adecuadas, con arreglo a las normas internacionales de derechos humanos, contra el uso ilegítimo, arbitrario o excesivo de la fuerza”.

Zeid señaló que en las recomendaciones que formuló hace dos años al gobierno mexicano tras su visita, había hecho hincapié en la necesidad de promover una estrategia que fomentara la seguridad ciudadana, velara por que las políticas de seguridad se aplicasen con arreglo a las normas internacionales de derechos humanos, investigara las presuntas violaciones y garantizara la rendición de cuentas por las vulneraciones cometidas.

Ante ello, solicitó al Estado mexicano no aprobar la propuesta de ley de seguridad interior.

 

 

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